LA REFORMA MENOS APROPIADA PARA LA REPÚBLICA

Por el Dr. Alberto Suárez San Martín

Dirigente del Partido Demócrata Progresista

En los países con responsabilidad institucional las Reformas Judiciales tienen un carácter excepcional y atemporal ejemplos no nos faltan: Finlandia, Noruega, Suecia, Australia y Nueva Zelandia, solo para citar algunos, se tiene como prioridad establecer sus leyes o normas jurídicas con la debida antelación para no afectar o no favorecer intereses, privilegiando el normal funcionamiento de sus órganos de gobierno y en beneficio de la ciudadanía. Una reforma judicial en éstos países llevaría un tiempo de diagnóstico para determinar el o los problemas, un análisis de las derivaciones que dificultan su eficacia y las posibles soluciones evitando con ellas generar más dificultades o problemas originados de las mismas medidas, que se deberían disponer para mejorar la situación.

Por lo general se convocan a prestigiosos juristas evitando parcialidades y que interactúan con otros integrantes de la sociedad civil como sociólogos, abogados, filósofos, políticos entre otras personas a las que se les aprecie su aporte hacia la comunidad, las cuales realizan estudios pormenorizados sobre las formas y el fondo de las cuestiones a tratarse, además se realizan encuestas o consultas ante la opinión pública para proporcionar datos fehacientes y estadísticas.

La propuesta de reforma Judicial en Argentina, ante todo a mi criterio es inoportuna e inadecuada, en plena pandemia el gobierno debería centrar su atención en salvaguardar la salud de la población, recordemos que el mismo Presidente Dr. Alberto Fernández fijó la prioridad sobre el meridiano de la salud desplazando a la economía. Asimismo aún no se ha cerrado un acuerdo con la negociación con los acreedores de la Deuda Externa, la cual se sigue postergando con la incertidumbre del caso.

Con un país fundido donde la actividad privada en términos de Pymes está en proceso de disolución, solo en el ámbito de CABA cerrarán 400.000 locales comerciales, advirtamos el impacto sobre las personas y sus familias, por ello se imponen medidas urgentes de reactivación económica para el rescate la pequeña empresa y poder sostener el empleo privado.

Como contra partida el gobierno se atreve a distraer su atención en una reforma judicial que suponemos pretende sustraerse objetivamente en el destino de las catorce causas judiciales, que recaen en la actual Vicepresidenta de la Nación, por enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos, lavado de activos, etc.

Si además de la crisis económica que lleva a la miseria al 50% de los argentinos con un Estado fallido, sin recursos, emitiendo moneda sin respaldo alguno, se propone un aumento de la cantidad de Juzgados, infraestructura e insumos además de Jueces, Fiscales, Cámaras de Apelaciones, nuevos Tribunales, etc. no solo que sería muy costoso en éstos momentos sino que inoportuna en términos políticos.

Actualmente y desde el llano los delitos contra las personas y la propiedad se incrementan, luego de la tregua que dio la cuarentena a la inseguridad con la gente recluida en sus casas, por efecto al peligro de contraer coronavirus. Ha aumentado exponencialmente la criminalidad en especial en el AMBA, donde no alcanzan ni las estadísticas oficiales, ni los criterios para llevar la toma de medidas adecuadas, tan es así que el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Sergio Berni, propone la protección de las víctimas del delito a lo cual se contrapone con la Política del Estado Nacional de la Ministra de la Nación Sabina Frederic, de abran las cárceles, en éste contexto la ciudadanía ve perder vidas, bienes y se siente totalmente desprotegida.

En lo que respecta a Comodoro Py desde hace mucho tiempo que necesita una unificación de fueros, pero la situación es peor porque los Jueces se encuentran sometidos a los vaivenes de cambio del Poder Político, ejemplos sobran de uno u otro lado cajoneando o acomodando expedientes y sin un destino de justicia los mismos fluctúan, a eso se le suma los servicios de inteligencia que son utilizados para presionar en distintos casos. Por lo que sin un rol definido de éstos en cuánto a presupuesto y funcionamiento me pregunto: qué impide que aún con la unificación mediante, todo siga como hasta hoy?

El Consejo de la Magistratura, merece un párrafo aparte su composición debería ser integrado sólo por los Abogados de los Colegios Profesionales más representativos de todo el país, con exclusión de los miembros políticos., dado que su funcionamiento se encuentra totalmente desnaturalizado. Nada puede hacerme creer que los sectores políticos intervinientes, pretenden un cambio como el que aconsejo, pudiendo el mismo Consejo tener un criterio propio sobre la actividad judicial, aplicando sanciones o promoviendo renuncias si fuese necesario.   

Sería conveniente que antes de apelar a una Reforma Judicial “a medida de lo que se necesita”, puedan ponerse de acuerdo con los que tienen la responsabilidad pública de enfrentar el delito, hacer cumplir las leyes vigentes y comprender el hartazgo de la gran mayoría de los argentinos ante la grave situación de pandémica, epidemiológica, económica, social y política, donde se han expropiado los Derechos de todos los Ciudadanos por parte del Estado Nacional, que el mismo tiene la obligación de garantizar.

Seguir coqueteando con el peligro ante el desfiladero, creyendo que todo es posible sin advertir las señales y lo cerca que se está del vacío sería a mi criterio más que contraproducente.