Entró proyecto para enmarcar el Lobby a nivel nacional.

Al llegar el fin de la semana pasada, ingresó por Mesa de Entrada de la Cámar de Diputados, un proyecto que busca legislar sobre el Lobby, esta una muy buena medida que los periodistas y la ciudadanía vienen esperando desde hace tiempo ya que permitirá que nuestra Sociedad tenga una mayor transparencia.
Esta iniciativa busca fomentear una mayor transparencia dentro de Sociedad, especialmente dentro de la relación “público-privada”, con ello se busca mejorar el control de la ciudadanía sobre la actividad que realizan los funcionarios públicos cuando desarrollan su función Gubernamental.

Este el proyecto de ley se establece la obligatoriedad y abarca los funcionarios de los tres poderes, fomentando que se lleve un registro público de audiencias, citando el nombre, cargo de los visitantes y los temas tratados en esas reuniones.

El  antecedente, es el Decreto N° 1172 del 3 de diciembre de 2003, por el que se buscaba regular, entre otros aspectos, el acceso a la información pública en general, el cual se debería aplicar a todo organismo que funcione bajo la órbita del PEN, cosa que desde hace tiempo se incumple en muchas oficinas públicas, por ello y ante los hechos de público conocimiento, el Gobierno Nacional impulsa esta Ley.

Recordemos que al tratarse anteriormente de un decreto, todas las herramientas que brindba solo se limitaba al ámbito del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
Por eso esta razón este proyecto de ley que acaba de enviar el Gobierno al Parlamento, busca ampliar el campo de acción y prever que haya más controles y que se den, estándares mínimos y que contribuyna a mejorar el proceso de toma de decisiones Estatales, y que este proceso se realice con los más altos grados de transparencia posibles, según lo establecido por este proyecto.

Además prevé un mecanismo de circulación y examen de antecedentes, por el cual los agentes gubernamentales de cualquiera de los tres podere,s y los ciudadanos en general, tendrán acceso a la información relevante y necesaria, y la consecuente participación dentro del proceso de decisión de un acto Gubernamental.

El proyecto define a la gestión de interess como “toda actividad destinada a influir sobre el proceso de toma de decisiones de quienes ejercne una función pública”, a favor de “un interés propio o ajeno, sea de modo remunerado o gratuito, habitual u ocasional, planificado o incidental”.

Quedarían excluidos del régimen “las audiencias solicitaas por personas humanas por asuntos privados, excepto que involucre intereses económicos de imporancia tal que pueda resultar de interés públco; las entrevistas laborales y las de solicitud de asesoramiento técnico a personas humanas o jurídicas, y las audiencias solicitadas por funcionarios públicos o por diplomáticos de Estados extranjeros en ejercicio de sus funciones oficiales; como así también enunciar los sujetos obligados por la medida dentro de cada uno de los poderes del Estado y de los Ministerios Públicos”.

Esta iniciativa además incorpora la  igualdad de trato, es decir, la obligación de los funcionarios de atender los pedidos de audiencia de todos aquellos actores que lo soliciten en referencia a un mismo asunto. La autoridad de aplicación será la misma que la de Acceso a la Información Pública, en cada uno de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo, y Judicial.

Como las sanciones previstas para los  funcionarios y empleados que estén abarcados por la normativa vigente en materia de responsabilidad disciplinaria, adminsitrativa, civil o penal.

Será tratado en Comision más adelante cuando se reanude el normal funcionamiento, que en estos momentos se encuentra perturbado por el comicio eleccionario que se acerca para octubre.
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