SISTEMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y LA PROTECCIÓN CIVIL

La cámara baja convirtió en Ley un proyecto que promueve la creación del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, que apunta a coordinar entre los distintos poderes del Estado y organismos no gubernamentales los mecanismos para fortalecer y optimizar las acciones destinadas a reducir los riesgos ante el manejo de crisis. La norma, fue impulsada por la senadora Magdalena Odarda (Frente Progresista CC ARI).
 
Algunas de las funciones del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil serían Proponer acciones coordinadas en los sectores públicos nacionales y provinciales, en función de la definición y el cumplimiento de las políticas para la reducción de riesgos de desastres; Proponer medidas destinadas a lograr la complementación y eficiencia de la actividad gubernamental de las distintas jurisdicciones en materia de protección civil y gestión de riesgos; Analizar la gestión de riesgo cuando implique a más de una jurisdicción, estableciendo estrategias preventivas; Diseñar un mapa nacional de riesgo; Armonizar la legislación provincial que regula y protege el servicio de los bomberos voluntarios; Elaborar un mapa de recursos técnicos, tecnológicos, profesionales y físicos; Entender en las consultas que le formule el Poder Ejecutivo; Impulsar políticas tendientes a fomentar el desarrollo sostenible desde el enfoque de la protección civil y la gestión de riesgos; Diseñar protocolos de actuación para la prevención y para la actuación en situaciones de emergencia o catástrofe.
 
Odarda expresó su beneplácito por la aprobación de la Ley en la cámara baja y señaló que este proyecto pretende institucionalizar el actual Consejo Federal que se reúne informalmente hace algunos años. De esta manera, instituiremos al Consejo Federal como órgano de planificación, articulación, asesoramiento y consulta del Poder Ejecutivo “en todas aquellas cuestiones atinentes al desarrollo coordinado de la Protección Civil, que por su impacto en la población, economías regionales y desarrollo provincial así lo requieran”.
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