Ampliaron denuncia contra Gabriela Michetti

El abogado Leonardo Martínez Herrero amplió la denuncia contra Gabriela Michetti, y pidió que se investigue una cuenta de un sitio de transacciones electrónicas llamado “Mercado Pago” a través del cual se canalizaron donaciones para la Fundación Suma, que encabeza la vicepresidenta.

Mediante un escrito presentado al juez federal Ariel Lijo, el denunciante advirtió que en la última gala de la Fundación Suma, realizada pocos días antes de que Cambiemos asumiera el gobierno, voluntarios de la organización recolectaron donaciones mediante un “posnet” portátil que llevaban de mesa en mesa en el predio de La Rural.

Además, en la página web de Suma, en el link para donaciones conduce a una cuenta de Mercado Pago, identificada con número y usuario, en el que se pueden aportar voluntariamente la cantidad de dinero que se desee.

Martínez Herrero reclamó que el sitio de internet MercadoLibre y su brazo financiero Mercado Pago “remitan todas las operaciones realizadas” mediante esos mecanismos, “detallando todas las donaciones recibidas electrónicamente desde la apertura de la cuenta especificando los usuarios que las remitieron y adjuntando los datos de registro de esas cuentas a fin de corroborar la cantidad de dinero ingresado de manera electrónica a las arcas de SUMA”.

También reclamó “los datos de las personas físicas/jurídicas que realizaron las donaciones con el detalle de las mismas, la cuenta de banco que está ligada al usuario que recibe las donacioens a fin de verificar si la cuenta pertenece a la fundación SUMA o bien es de un particular y si el detalle de todas estas donaciones se encuentra declarado por la Fundación en los organisos correspondientes y en su información contable”.

Además, recordó que la Fundación no tenía en su sede los libros contables que el juez Lijo ordenó secuestrar en el marco de la investigación, sino que los presentó al día siguiente del procedimiento porque presuntamente estaban en poder del contador de la organización.

“Atento a la demora de la fundación en efectuar sus presentaciones en la IGJ, como así también que no tenía los libros y documentación en su sede social (lo cual resulta violatorio de la normativa legal vigente), al momento de la requisitoria ordenada por su señoría, siendo que los entregó con más de 24 horas de demora, solicito se efectúe sobre los mismos una prueba pericial scopométrica a los efectos de determinar si la antigüedad de las tintas se condicen con las fechas en que supuestamente se efectuaron los mismos y si registran correcciones y/o alteraciones”, sostiene la presentación.

 

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