Viviendas: un problema a resolver sin repetir modelos corruptos

Según algunas mediciones, en la Argentina hay 12,2 millones de hogares y el 16% de estos pertenecen a viviendas alquiladas, lo que equivale a dos millones de familias. Esto significa que estarían faltando tres millones de viviendas para satisfacer las necesidades habitacionales de la población. El problema se agrava cuando los indicadores muestran que este déficit se incrementa a un ritmo de 36 mil viviendas por año, aproximadamente.

Esto no es nuevo, ya que el censo 2010 indicaba que Argentina tiene hoy en día un déficit habitacional de 3,5 millones de viviendas.

Esta realidad nos plantea un problema que requiere de una solución que no se debe limitar a un determinado programa. Tenemos que plantearnos el deber y el compromiso de toda la dirigencia política en debatir y construir una verdadera política de Estado. En ese sentido, esta semana se dio un gran paso en la Cámara Baja, cuando, con el apoyo de los representantes de instituciones bancarias, gremialistas y empresarios de la construcción, se debatió, en un plenario de las comisiones de Finanzas, Viviendas, Legislación General y Presupuesto y Hacienda, la iniciativa del senador Julio Cobos, aprobada por el Senado, que crea el instrumento de ahorro, préstamo e inversión denominado Unidades de Vivienda (UVI).

 

La participación de todos los sectores mencionados en dicho debate hace que veamos una gran posibilidad para dar el puntapié inicial para lanzar una política integral que ofrezca salidas accesibles y concretas a esos millones de argentinos que ven pasar su vida sin contar con las posibilidades concretas, las existentes son inalcanzables para la mayoría, tanto en el sector crediticio público como en el privado que les permita acceder a la vivienda propia.

Eso sí, esta política de viviendas, que se puede conformar con un grupo de programas que se complementen, debe prescindir de cualquier iniciativa que involucre a aquellas organizaciones sociales que fueron beneficiadas durante el kirchnerismo y que no sólo no cumplieron con los objetivos propuestos, sino que minaron de corrupción un camino donde muchos pseudodirigentes sociales, convertidos en empresarios nacionales y populares, se enriquecieron a costa de los sueños de los que menos tienen.

Sueños Compartidos es, sin duda, el paradigma de esa estafa. En el Chaco conocemos bien su modus operandi, vivimos en una provincia donde se anunciaron 1.228 viviendas que nunca se construyeron. Un programa que terminó con los sueños de los más pobres, con funcionarios procesados, encarcelados y que lesionó la reputación de un organismo de derechos humanos que supo ser ejemplo y que terminó dejando en la calle a los obreros que trabajaron en sus obradores con una gran deuda en sus aportes previsionales.

No podemos dejar de resaltar ese oscuro sitial donde se ubicó el tristemente afamado programa Sueños Compartidos, que aún convive con un sinfín de denuncias cruzadas que salpican, entre otros actores, a muchos ex funcionarios que no terminan de aclarar su situación en un proceso judicial que todavía no finaliza. Además, constantemente nos anoticiamos de programas de viviendas inconclusos, con adjudicaciones cuestionadas por su discrecionalidad política o, peor, viviendas que se entregan y son inhabitables. Fueron muchas las viviendas que se debieron construir en estos últimos años con fondos propios del Ministerio de Planificación y, sin embargo, gran parte de esas sumas millonarias fueron entregadas sin control y pasó lo que ya sabemos: la gente que confió y necesita su casa propia nunca pudo acceder a ella.

 

Debemos generar políticas y gestión para facilitar el acceso al crédito para construir y adquirir viviendas, pero sin cometer los errores del Gobierno anterior. El objetivo debe ser solucionar los problemas habitacionales de las familias que carecen de viviendas propias, y no para apuntalar el poder territorial de organizaciones que ya fracasaron, demostraron sus vergonzosas intenciones y hoy rinden cuentas ante la Justicia. Las viviendas sociales deben construirse con la participación y la supervisión de los beneficiados y bajo ningún punto de vista podemos permitir que sean usados como moneda de canje para conseguir votos y apoyo político

Alicia Terada:  diputada nacional por ARI-CC Chaco.

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