Un semestre de leyes sancionadas para los grupos económicos concentrados

A inicios de este año, el viaje del presidente Mauricio Macri a la cumbre del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), junto al líder del Frente Renovador Sergio Massa fue el claro indicio de un pacto, reflejado en la alianza en la Cámara de Diputados para el acompañamiento de temas clave, como la aprobación del pago a los fondos buitre que autorizó una emisión de deuda por 12.500 millones de dólares. Si bien era preciso pagar, porque existían juicios ineludibles, lo que no estaba explícito era la justificación del monto total del nuevo endeudamiento, que superaba largamente el dictaminado por el juez Griesa. Esta decisión continúa la lógica de eludir una auditoria de la deuda histórica fraudulenta, ya que la mitad de la deuda externa inicial en 1982 correspondía a la estatización de deudas privadas de bancos como el JP Morgan, HSBC, Citibank, Deutsche Bank y de empresas como Techint o Socma, de la familia Macri.
Esta es la razón por la que Proyecto Sur decidió no acompañar esa ley. Otra de las leyes donde se reflejó un pacto con el Frente Renovador y sectores del PJ, fue la aprobación del blanqueo de capitales, enmarcado en la noble excusa del pago de los juicios a los jubilados y el reconocimiento a las provincias del 15 por ciento que le retenía la ANSES, a fin de obtener también el voto de los senadores. Con estos dulces, el mensaje era: les devolvemos fondos a las provincias y les pagamos a los jubilados si nos permiten blanquear capitales y, de paso, eliminar desde el año que viene el impuesto a las ganancias, que es uno de los impuestos más progresivos que existen. La clave es que desde el 2017 se eliminan a nivel mundial las empresas offshore, los paraísos fiscales y las cuentas secretas -incluso en Suiza- planteando el peligro de nuevos y masivos Panamá Papers. Una decisión acordada por la Unión Europea con la OCDE, bajo los auspicios de Estados Unidos, dado que esas redes de capitales negros fueron invadidas por el financiamiento de grupos islamistas radicales -Al Qaeda, ISIS, Boco Haram y otros- junto a traficantes de armas. Así, dentro de pocos meses solamente quedarán cuentas secretas muy controladas en tres estados de Estados Unidos: ésta es la urgencia del blanqueo.
Un triunfo de la oposición fue la aprobación de la ley antidespidos, que rápidamente el Presidente vetó. También apoyamos el subsidio a las autopartes y pymes, aunque señalando que, en el marco de este libre mercado a ultranza, es un parche o un paliativo para el sector, ante una caída de las exportaciones en un 30 por ciento y una suba de las importaciones en un 45 por ciento, debido al mero hecho de un retraso del dólar frente a la inflación interna. Mientras esta lógica continúe, no será posible definir ningún proyecto a largo plazo.
Debemos reconocer que ahora existe en el Congreso una mayor predisposición a negociar y escuchar aportes provenientes desde la oposición, si bien es cierto que esta apertura se da por una necesidad política. Las alianzas se han dado en torno a leyes que favorecen al capital financiero, mientras se acuerdan ciertos proyectos que suponen concesiones sociales, como el reintegro del IVA en los consumos de la canasta básica de alimentos para jubilados y beneficiarios de planes sociales, aunque con un tope de 300 pesos mensuales; es decir, 10 pesos diarios. Sin duda, estos también son paliativos sociales que no resuelven la cuestión de fondo; es demasiado poco en comparación a las ventajas que se les han venido otorgando a los sectores más concentrados.
Es imperioso entonces que en el segundo semestre se aprueben leyes con beneficios sociales, como la iniciativa que impulso para la creación de empresas sociales comunitarias, con la detección de posibilidades productivas y de servicios en determinadas áreas, para dinamizar emprendimientos y crear empleos legítimos.
Alcira Argumedo: diputada nacional por Proyecto Sur – UNEN.
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